A 25 de noviembre de 2021, en Europa, un territorio donde los valores de solidaridad y justicia social son presupuestos, pero donde los medios de comunicación todos los días reproducen discursos xenófobos, lanzados también desde algunos grupos políticos. Con motivo del 25N, nos preguntamos, ¿Justicia social para quién? ¿Cuál es la realidad de las mujeres migrantes que viven en nuestro país?
El primer Informe de evaluación del GREVIO sobre España con relación a la aplicación del Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (“el Convenio de Estambul”), mira con preocupación la situación de las mujeres migrantes. En efecto, este Grupo de Expertos/as en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), organismo independiente compuesto por 15 expertos/as imparciales encargado de supervisar la implementación del Convenio de Estambul desde una perspectiva de derechos humanos, a primeros de año dio a conocer que casi el 33% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 son migrantes, cuando constituyen menos del 10% de la población
Según la misma fuente, las mujeres migrantes recurren más fácilmente que las españolas a la policía y los tribunales en busca de protección, pero sin embargo obtienen menos respuesta, lo que plantea, según el GREVIO “interrogantes acerca de la existencia de un posible sesgo institucional contra las mujeres inmigrantes víctimas, dado que algunas de las que fueron asesinadas por su pareja podrían haberse salvado de haber contado con una respuesta institucional más rápida y eficaz.”
¿Significa esto que las mujeres migrantes en España se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos que las mujeres españolas?
Organizaciones de la sociedad civil, coinciden.: “Las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las cifras sobre violencia de género en España”. Hace años que lo vienen visibilizando con datos y denuncias. Según la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y AIETI, el 32% del total de mujeres asesinadas en España entre 2003 y 2019 (338 mujeres) son migrantes, tal como lo destaca su informe Mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España.

Organizaciones como Calala, Fondo de Mujeres, denuncian: 1 de cada 3 mujeres asesinadas en España es extranjera, pero ellas son “las que menos se benefician de las ayudas previstas para quienes viven violencia de género”.
Según Calala, “entre 2003 y 2019, solo el 9% de las mujeres migrantes que vivieron violencia de género fueron atendidas por los servicios de atención especializados, y solo el 8% se benefició de las ayudas económicas”.
No cabe duda de que las personas desplazadas tienen que afrontar situaciones jurídicas, sociales y económicas complejas, a veces muy espinosas. Con frecuencia han huido de situaciones personales y comunitarias traumáticas, y tienen que resistir y reinventarse en el exilio. Es el caso de las mujeres desplazadas colombianas, que han vivido la realidad del conflicto armado, la violencia y la persecución y tratan de romper el silencio y superar nuevas violencias. Por ejemplo, conocemos muchos testimonios de historias de empoderamiento y transformación gracias a asociación la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, unidas para trabajar juntas y defenderse de nuevas formas de discriminación que llegan a través de las actitudes racistas en nuestro país.
¿No deberían las instituciones españolas y europeas empatizar con ellas? ¿Escuchar sus historias? ¿Reconocer que su situación de desplazamiento las hace más vulnerables a las violencias machistas? Sin redes de apoyo y sin suficiente información no es fácil conocer el entramado legal en nuestro país; o tienen miedo porque aún no han regularizado su situación administrativa; o de no ser creídas por no poder aportar suficientes pruebas de la violencia que padecen; o temen ser devueltas a su país si no logran una orden de protección contra su agresor.
Según el GREVIO, las mujeres migrantes desconocen “los cambios legislativos recientes que permiten el reconocimiento como víctima de violencia de pareja sin la necesidad de otorgar una orden de protección o documento oficial emitido por la Fiscalía”. También están las mujeres que residen en zonas rurales con regímenes de trabajo temporal como recolectores de frutas, y mujeres solicitantes de asilo en los centros de acogida que, según el Comité de Expertas-os, “se enfrentan particularmente a dificultades para acceder a servicios vitales – lo cual incluye servicios sanitarios – en casos de violencia sexual”. Igualmente, preocupa la “situación de alta vulnerabilidad socioeconómica de muchas cuidadoras internas y trabajadoras domésticas (…) expuestas a otro tipo de violencia como el acoso sexual y la violencia sexual”.
Hoy, 25 de noviembre, desde Mujer y Sociedad queremos hacer visible esta situación, amplificando las palabras y la inquietud del informe del GREVIO, que ha solicitado a España avanzar con decisión y recursos en la atención específica, en busca de soluciones.
Soluciones que pasan sin duda por el incremento de recursos humanos y económicos que garanticen servicios adecuados, nuevas estrategias de información y prevención específicas que aseguren un acceso real a dichos recursos en todo el territorio y por todas las personas, una atención y servicios prestados por profesionales más capacitados/as y especializados/as para comprender y responder a las situaciones especiales que las mujeres migrantes enfrentan, sin dejar a nadie atrás. En definitiva, soluciones que pasan por incluir en nuestro sistema de derechos y servicios un enfoque de género y derechos humanos para la prevención, la mitigación del riesgo y la respuesta a la violencia centrada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, que permita a las mujeres migrantes en nuestro país ejercer su derecho a una vida libre de violencia.